La congresista Katy Ugarte presentó el proyecto de ley 13494, que busca obligar a plataformas como Yape y Plin a incorporar un paso adicional antes de recibir dinero: una pregunta para que el usuario decida entre aceptar o rechazar la transferencia. Según la legisladora, este mecanismo otorgaría control total a los usuarios y se convertiría en una barrera contra extorsiones, fraudes y operaciones no consentidas que hoy ocurren con frecuencia en el ámbito digital.
La propuesta plantea fortalecer la seguridad de quienes usan billeteras digitales, otorgando mayor autonomía para gestionar las transferencias entrantes. Ugarte sostiene que esta medida dificultaría la acción de bandas que obligan a sus víctimas a recibir dinero de origen dudoso, un método recurrente en esquemas de extorsión. La norma, de aprobarse, sería de aplicación nacional y para todas las entidades supervisadas por la SBS.
El proyecto también establece que los costos de implementación serán asumidos por las propias operadoras y fija un plazo máximo de 90 días para que el Gobierno reglamente la ley una vez aprobada. Su objetivo central es consolidar un ecosistema financiero digital más seguro y confiable, reduciendo el riesgo de operaciones fraudulentas y fortaleciendo la protección del usuario.
En paralelo, Yape —con más de 15 millones de usuarios en el país— anunció una nueva herramienta para reportar cuentas vinculadas a extorsión de manera anónima desde la misma aplicación. El sistema permite denunciar transferencias sospechosas y faculta al banco a cerrar definitivamente cuentas asociadas a actividades ilícitas, incluidas estafa, hostigamiento y cobro de cupos.
Mientras el Congreso debate la propuesta de Ugarte, las plataformas digitales empiezan a incorporar mecanismos propios para enfrentar el aumento de delitos vinculados a transferencias móviles. La discusión legislativa y las medidas empresariales avanzan en la misma dirección: reforzar la seguridad de millones de usuarios en un entorno cada vez más vulnerable.
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