El Congreso aprobó en primera votación, con 69 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones, delegar facultades legislativas al Gobierno por un periodo de 60 días. Estas facultades se centran en tres ejes: seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. La decisión se dio tras el sustento del premier Ernesto Álvarez Miranda y luego de que la Comisión de Constitución aprobara el dictamen correspondiente.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, destacó que se aprobaron 49 de las 58 solicitudes formuladas por el Ejecutivo, lo que representa el 84 % del pedido total. En materia de seguridad ciudadana, el Congreso respaldó 23 de las 26 submaterias planteadas, priorizando acciones para combatir delitos como sicariato y extorsión, reforzar el control de armas, cerrar brechas en migraciones y fronteras, y mejorar mecanismos de protección ciudadana.
En el eje económico, se aprobaron 18 de las 24 facultades solicitadas, enfocadas en mejorar la recaudación tributaria, reducir la evasión y la subvaluación, combatir el contrabando y fortalecer el marco penal tributario. También se autorizaron medidas para optimizar el sistema de asociaciones público-privadas (APP), impulsar la inversión privada responsable y asegurar un crecimiento sostenible.
Respecto al fortalecimiento institucional, el Parlamento aprobó las ocho submaterias planteadas por el Ejecutivo. Entre ellas, resalta la modificación de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado para promover la innovación pública y mejorar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía.
El paquete también incluye iniciativas clave en seguridad, como la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), la penalización de la revelación de información reservada en investigaciones penales y la modificación de la Ley del Refugiado para reforzar el control migratorio y evitar el uso indebido de esta figura. Tras la aprobación congresal, queda en manos del Gobierno implementar estas facultades con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los peruanos.
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