Política

Congreso flexibiliza exigencias académicas y vuelve opcional la maestría para docentes universitarios antiguos

La Ley 32551 elimina el carácter obligatorio de los grados académicos para miles de catedráticos y extiende nuevas prórrogas, reabriendo el debate sobre la meritocracia y la calidad universitaria

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DIARIO VIRAL

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El Congreso promulgó el 9 de enero, por insistencia, la Ley 32551, que modifica la Ley Universitaria y vuelve opcional el requisito de contar con maestría o doctorado para los docentes que ingresaron a la carrera universitaria bajo la antigua norma derogada en 2014. La decisión representa un giro sustancial en los estándares académicos exigidos a los catedráticos y ha generado cuestionamientos sobre su impacto en la calidad de la educación superior.

Con las firmas del presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y del vicepresidente Waldemar Cerrón, la norma incorpora disposiciones complementarias que benefician a los docentes que iniciaron su labor durante la vigencia de la Ley Universitaria de 1983. Para este grupo, ya no será obligatorio contar con grados académicos de posgrado para dictar clases, pese a que la legislación vigente exige como mínimo el grado de maestro para el nivel de pregrado.

La ley también exonera a estos docentes de contar con maestría o doctorado para ser promovidos en la carrera docente, a pesar de que esta se sustenta en principios de meritocracia. Este punto ha sido uno de los más cuestionados, ya que la normativa actual buscaba elevar el nivel académico del sistema universitario tras años de rezago.

Asimismo, la Ley 32551 amplía hasta diciembre de 2026 el plazo para que los docentes que ingresaron bajo la actual Ley Universitaria cumplan con los requisitos de grado académico. Esta decisión se suma a una serie de prórrogas consecutivas que se han extendido por más de una década, desde la promulgación de la Ley N.º 30220 en 2014.

Desde entonces, el plazo original de cinco años fue ampliado en reiteradas ocasiones: primero por el Tribunal Constitucional en 2015, luego por decretos y leyes aprobadas entre 2020 y 2023, hasta llegar a la prórroga que vencía el 30 de diciembre pasado. Con la nueva norma, el Congreso consolida una política de flexibilización permanente que vuelve a poner en el centro del debate el equilibrio entre derechos laborales docentes y la calidad de la formación universitaria en el país.

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