Con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, la Comisión Permanente del Congreso ratificó este martes el archivo definitivo de la denuncia constitucional N.º 492 contra la presidenta Dina Boluarte, en el marco del polémico caso Rolex. La decisión, basada en el informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, indica que no existen elementos suficientes para sustentar una infracción constitucional.
El caso surgió tras la difusión de imágenes que mostraban a la mandataria portando relojes de lujo en actividades oficiales, los cuales no habrían sido declarados en su patrimonio. Esta situación provocó una ola de cuestionamientos sobre la procedencia de los objetos y la transparencia del Ejecutivo. No obstante, el Congreso concluyó que los hechos no ameritaban una investigación parlamentaria formal.
El informe técnico fue clave. Desde su etapa preliminar, la Subcomisión había recomendado no continuar con el proceso, al considerar que el uso de bienes personales no declarados no configuraba automáticamente una infracción constitucional. Esta postura fue refrendada por la Comisión Permanente, cerrando cualquier posibilidad de juicio político por esta vía.
Pese al archivamiento, el caso Rolex dejó una fuerte huella en la opinión pública y en la imagen presidencial. Críticos señalan que el Congreso perdió una oportunidad de exigir mayor transparencia, mientras que defensores argumentan que la decisión evitó un uso excesivo del aparato legislativo para fines políticos.
Este proceso se suma a una lista de denuncias contra la jefa de Estado que han sido rechazadas o archivadas. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continúa evaluando nuevos informes relacionados con otros funcionarios del actual y anteriores gobiernos.
Claves del caso Rolex
Denuncia N.º 492 fue presentada por presunto ocultamiento de patrimonio.
La presidenta fue vista portando relojes Rolex no declarados oficialmente.
El Congreso concluyó que no hay infracción constitucional.
Se archiva el caso en el ámbito legislativo, no penal ni ético.
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