El Congreso aprobó la incorporación del delito de criminalidad sistemática al Código Penal, con 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Esta nueva norma busca fortalecer el marco legal para combatir la violencia organizada que azota varias regiones del país.
El dictamen se sustenta en 17 proyectos de ley presentados por diversas bancadas y establece el artículo 318-B en el Decreto Legislativo 635. Esta normativa contempla penas que van desde los 35 años de prisión hasta la cadena perpetua para quienes cometan delitos graves utilizando armamento de guerra o explosivos.
El artículo 318-B tipifica como criminalidad sistemática los actos que generen terror en la población mediante el uso de municiones, armas de fuego militares o civiles, explosivos u otros elementos similares. Los delitos involucrados incluyen secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, siempre y cuando se cometan de forma reiterada y con alta intensidad.
Además, la norma eleva la pena a cadena perpetua si concurren agravantes como la participación de menores, el uso de extrema crueldad o la implicación de miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú (PNP).
Este proyecto tuvo un extenso proceso parlamentario. Como recordó el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz, el debate inició en octubre de 2024 con la presentación de un texto sustitutorio que fue modificado y luego aprobado en primera votación el 16 de octubre. La votación definitiva ocurrió este miércoles 3 de septiembre tras su inclusión en la agenda ampliada del Pleno.
A pesar de la mayoría que respaldó la norma, hubo voces disidentes que pusieron en duda su eficacia y redacción. La congresista Gladys Echaíz expresó que el verdadero problema no es la falta de legislación, sino las limitaciones prácticas para investigar: “Con 48 horas resulta casi imposible levantar el secreto de las comunicaciones, revisar cámaras o individualizar a los autores”. Propuso ampliar el plazo de detención a 15 días en casos graves, similar a los delitos de terrorismo.
Por su parte, la legisladora Ruth Luque criticó la ambigüedad del texto, especialmente la frase “otros de similar características”, que, según ella, podría facilitar interpretaciones arbitrarias y abusivas.
En cambio, congresistas como Diego Bazán defendieron la iniciativa como un paso necesario ante el aumento de la violencia criminal. Bazán recordó dos ataques recientes en La Libertad para justificar la urgencia de esta ley: la dinamita contra la sede del Ministerio Público en enero y otro ataque en una calle concurrida de Trujillo en agosto de 2025.
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