La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que propone acusar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler por el presunto delito de concusión. La decisión se adoptó con 11 votos a favor, 2 en contra y una abstención, en el marco del polémico caso ‘Vacunagate’, relacionado con la aplicación irregular de dosis durante la pandemia.
El informe, elaborado por el secretario ponente Jorge Montoya Manrique, integra las denuncias presentadas por los excongresistas Yvan Quispe, Manuel Merino, Leonardo Inga, Luis Roel y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Según Montoya, se acusa a Vizcarra de haber “utilizado su posición para solicitar dosis del ensayo clínico de la vacuna candidata a investigadores de Sinopharm, favoreciendo presuntamente a su entorno cercano”.
Respecto a la exministra de Salud, el documento indica que “existen indicios suficientes y razonables para acreditar la comisión del delito de concusión”. La Subcomisión señala que Mazzetti habría incurrido en prácticas similares dentro del equipo encargado de la investigación de la vacuna, lo que justificaría su acusación constitucional.
Con la aprobación del informe, la Comisión Permanente del Congreso deberá designar una Subcomisión Acusadora encargada de sustentar el caso ante el Pleno. El delito de concusión, previsto en el artículo 382 del Código Penal, sanciona a los funcionarios que exigen beneficios o bienes aprovechando su cargo. La acusación marca un nuevo capítulo en el caso que reveló privilegios en el proceso de inmunización nacional.
Durante la misma sesión, la Subcomisión evaluó otras denuncias constitucionales. Una de ellas, la Denuncia 522 contra la congresista María Córdova Lobatón (RP), por presunto peculado doloso, fue declarada improcedente con 14 votos afirmativos, al no cumplir el criterio material de procedencia. También fue desestimada la Denuncia 540 contra Hilda Portero López (AP) por concusión, al no encontrarse elementos suficientes.
Asimismo, la titular del grupo, Lady Camones (APP), anunció el cierre de la audiencia del caso Pedro Castillo y Walter Ayala, concediendo cinco días al ponente Arturo Alegría (FP) para su informe final. A Castillo se le imputa abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo, mientras que a Ayala se le atribuyen cohecho activo, tráfico de influencias y organización criminal. El expediente quedará en manos de la Subcomisión Acusadora para su evaluación final.
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