Lima. El Congreso no deja de ser el centro de atención al estar envueltos en escándalos. Primero, gastos excesivos en bufé, alfombras, viajes costosos, hospedajes de cinco estrellas u otros objetos innecesarios para el pueblo, pero indispensables para la Mesa Directiva. Ahora pasaron de un mal uso de fondos a cuestionamientos por recortar el sueldo a sus trabajadores.
Hasta la fecha son tres congresistas investigadas por la Fiscalía de la Nación por ‘mocha sueldos’. La primera fue Magaly Ruiz quien fue denunciada por el extrabajador de su despacho Carlos Marina Puscan. Luego le siguió Rosío Torres, quien también fue acusada por la misma irregularidad. En su caso los depósitos de los sueldos iban a la cuenta de su sobrino Juan Pérez Guerra. Las dos últimas parlamentarias pertenecen a Alianza para el Progreso e integraban la comisión de Ética y ante la ausencia de ello fueron desterradas del grupo.
La que siguió fue Katy Ugarte (No agrupada), a quien ayer la Fiscalía abrió una investigación preliminar como presunta autora de cobros irregulares que habría realizado a trabajadores de su despacho.
DEFENSA. Las tres cuestionadas, se defendieron para deslindar cualquier acusación. Ugarte señaló que los culpables son los extrabajadores que la están acusando sin razón y que ella no recibió ni un sol. Mientras que Rosío Torres, no le importó ni dudó en culpar a su sobrino de toda responsabilidad.
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