La Ley 32123, promulgada en 2024, fue defendida en el Congreso como un mecanismo para frenar supuestos “cobros de cupos” de las AFP y abrir la competencia en el sistema previsional. Sin embargo, su contenido ha generado controversia por restringir el acceso de los afiliados a sus propios fondos y ampliar las obligaciones de aportes, incluso para los trabajadores independientes.
Uno de los cambios más polémicos es la prohibición de retiros totales o parciales de los ahorros previsionales. El artículo 15 cierra la puerta a nuevas liberaciones extraordinarias, en contraste con las autorizadas en años anteriores. Además, la ley limita el acceso al retiro del 95,5 % de los fondos al jubilarse, aplicando la restricción a quienes tenían menos de 40 años al momento de su entrada en vigencia. También eleva la edad mínima para la jubilación anticipada de 50 a 55 años.
La norma obliga a los independientes a aportar entre 2 % y 5 % de sus ingresos, estableciendo que deberán elegir entre ONP o AFP. En el discurso parlamentario se aseguró que las comisiones de las AFP dependerían de la rentabilidad obtenida, pero el reglamento posterior confirmó que existe una comisión fija garantizada, más allá del desempeño de los fondos.
Otro punto fue la promesa de mayor competencia en el sector previsional. Aunque la ley permite la entrada de aseguradoras y bancos de inversión, hasta hoy no se han sumado nuevos actores y la concentración sigue en las cuatro AFP ya existentes, varias vinculadas a conglomerados financieros que limitan la rivalidad real.
Entre los beneficios presentados, la reforma incluyó una pensión mínima de S/ 600 para quienes cumplan los requisitos y la posibilidad de destinar hasta el 25 % del fondo para una primera vivienda. Sin embargo, este último beneficio ya existía desde 2016 con la Ley 30478, y el otorgamiento de la pensión mínima implica además un reto fiscal para su sostenibilidad.
Finalmente, la Ley 32123 reconoce el derecho de los afiliados que migren de la ONP a una AFP a llevar consigo un bono de reconocimiento. Aunque este mecanismo ya estaba respaldado por el Tribunal Constitucional, aún falta el reglamento operativo del Ejecutivo para hacerlo efectivo.
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