El congresista Ilich López, electo por Acción Popular, anunció que presentará una denuncia constitucional contra los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que votaron a favor de anular las elecciones primarias de su partido, una decisión que dejó a la agrupación fuera de la contienda electoral de 2026. Para el legislador, el fallo constituye un acto “arbitrario” que vulnera la democracia interna y establece un precedente peligroso para el sistema electoral peruano.
A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, López expresó su rechazo frontal a la resolución y adelantó que denunciará al presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, y a los magistrados Willy Ramírez Chávarry y Rubén Torres Cortez. Sostuvo que la exclusión de Acción Popular no solo afecta a su organización, sino que abre la puerta para que cualquier partido sea sancionado bajo criterios similares, comprometiendo así la estabilidad del sistema democrático.
El anuncio llega tras la decisión del pleno del JNE de declarar nulas las elecciones primarias con las que Acción Popular buscaba definir a sus candidatos para la presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino. Según la Resolución N.º 0745-2025-JNE, se detectaron vicios sustanciales que afectaron los principios de democracia interna y el debido proceso, lo que hizo inviable validar el proceso o repetirlo dentro del cronograma electoral.
El organismo electoral detalló que existió un desfase entre la lista oficial de delegados proclamados por el Comité Nacional Electoral del partido y el material electoral elaborado por la ONPE, discrepancia que comprometió la legitimidad del cuerpo electoral encargado de las primarias. En seis mesas de sufragio incluso participaron ciudadanos que no habían sido elegidos como delegados, irregularidad que para el JNE configuró un “vicio sustancial” en la conformación del padrón interno.
Las inconsistencias se extendieron por diversas regiones del país, entre ellas Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali. Ante el hallazgo de fallas en el 100 % de las mesas observadas, el JNE concluyó que no existían garantías mínimas para convalidar los resultados. Mientras tanto, la ofensiva legal anunciada por López anticipa un nuevo choque entre el Parlamento y los organismos electorales en un escenario político ya tensionado rumbo a las Elecciones Generales 2026.
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