El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, solicitó a la directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) que evalúe iniciar un proceso disciplinario contra Ideele y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). El parlamentario argumenta que ambas habrían cometido “presuntas infracciones muy graves, conforme a la Ley N.º 32301, que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la APCI”.
Según Cueto, las organizaciones habrían incurrido en “uso indebido de los recursos y donaciones de la cooperación técnica internacional o aplicado los mismos a fines distintos para los cuales fueron previstos”. Agregó que entre esos fines se encontraría “utilizar los citados recursos para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o impedir, inducir o instigar a la realización de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado peruano”.
El congresista sostiene que ambas instituciones “solicitaron con carácter de urgencia la elección de una nueva persona a cargo de la fiscalía de la nación de forma interina en reemplazo de Tomás Gálvez, quien consideran no cumple con el requisito constitucional de ser y parecer independiente, sino que, por el contrario, incluso, es un actor político”. En su pedido, Cueto añade que “presuntamente, se estarían utilizando recursos de la cooperación técnica internacional para fines políticos ajenos a su fin original, como iniciar procedimientos administrativos y judiciales que concluyan con la destitución del actual fiscal de la nación”.
Frente a este panorama, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó una resolución al Estado peruano exigiendo que se garantice que las víctimas de violaciones de derechos humanos mantengan el derecho a ser representadas por las organizaciones que las respaldan. El tribunal internacional alertó que la Ley APCI “podría convertirse en una herramienta de represalia indirecta contra las ONG que defienden a quienes sufrieron graves afectaciones a sus derechos fundamentales”.
Según la Corte, “la sola posibilidad de sanción constituye una violación del artículo 53 del Reglamento de la Corte y del derecho de las víctimas a elegir libremente a su defensa en función de la confianza y la capacidad técnica”. Esta resolución deriva del caso Gamboa García vs. Perú, impulsado por APRODEH y COMISEDH, que advierten que la norma amenaza el acceso a la justicia. En paralelo, entidades periodísticas nacionales e internacionales alertaron que la APCI podría restringir la investigación periodística, al impedir destinar cooperación internacional a acciones legales sobre acceso a información pública.
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