El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que las personas con sentencias penales, podrán postular a cargos de elección popular cuando cumplan su condena, obtenido su rehabilitación judicial y transcurrido un plazo de 10 años. Este nuevo criterio, aplicado en el caso del candidato Mario Vizcarra, marca un precedente con miras a las elecciones del próximo 12 de abril.
La decisión del organismo electoral redefine la aplicación de la Ley 30717, norma que impide postular a ciudadanos condenados por delitos graves como corrupción, narcotráfico o violación sexual, incluso si ya fueron rehabilitados.
Con este criterio, el JNE busca evitar que la prohibición tenga un carácter permanente y delimita un horizonte temporal para la rehabilitación política.
Para el experto en Derecho Electoral José Manuel Villalobos, el pronunciamiento del JNE se sustenta en precedentes del Tribunal Constitucional, que advirtieron que la aplicación indefinida de la ley vulnera derechos fundamentales, como el principio de resocialización de la pena.
Según explicó, quienes cumplieron su condena hace más de diez años y cuentan con rehabilitación no estarán alcanzados por la restricción, mientras que aquellos cuyo plazo sea menor sí quedarán impedidos de postular.
No obstante, Villalobos cuestionó que sea el JNE quien fije este plazo, al considerar que dicha competencia corresponde al Congreso. A su juicio, el organismo electoral habría asumido un rol de “legislador positivo”.
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