La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso aprobó por unanimidad, el texto del proyecto de ley que establecerá fortalecer el mercado laboral en el país, y su reinserción a través de la dación de un Certificado Único Laboral.
La sesión fue conducida por la presidenta de ese citado cuerpo legislativo, Diana Gonzales Delgado (Avanza País).
Se trata del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3294/2022-CR que propone fortalecer el mercado laboral formal, a través de la disposición de información personal de personas de 18 años a más, facilitando así su inserción y reinserción en el mismo. También tiene como finalidad disponer para estos casos de un solo documento y de la información necesaria para la inserción y reinserción en el mercado laboral formal, de personas mayores de edad.
Se precisó que, a través de la dación del Certificado Único Laboral, esta contendría datos personales, policiales, penales, antecedentes judiciales, trayectoria educativa y experiencia laboral formal. Dicho certificado lo emitiría el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a solicitud del interesado y titular de los datos, o en su defecto por un apoderado del mismo.
Seguidamente, se aprobó, por unanimidad (16 votos), el dictamen del Proyecto de Ley 3105/2022-CR que propone autorizar la ampliación de intervenciones permitidas por la Ley 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
La iniciativa tiene como objetivo ampliar las actividades de infraestructura social básicas en las que pueden intervenir los núcleos básicos de diversas regiones del país. Para tal efecto, el proyecto plantea la modificación de algunos incisos del artículo 4 de la citada norma.
En la modificación propuesta se amplía actividades en las intervenciones de infraestructura social, así como categorías en inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, y las actividades para la ejecución de pequeña obras, cuyo objeto es satisfacer las necesidades básicas de la población rural o periurbana en situación de pobreza y extrema pobreza, entre otros aspectos.
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