El pleno del Congreso aprobó recientemente una ley que establece cambios a la normativa vigente sobre la colaboración eficaz. Conoce la opinión de políticos y especialistas, quienes se pronuncian tanto a favor como en contra de la norma.
Al respecto, el congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) señaló que la norma aprobada en el pleno lo que busca es regular la colaboración eficaz a fin de que haya celeridad en los procesos.
La ley establece un plazo de hasta 8 meses para la aprobación del acuerdo de colaboración. Dicho plazo se puede prorrogar hasta por 4 meses por causas justificadas y, como máximo, por 8 meses más, en casos de crimen organizado.
“Lo único que se busca es que haya rapidez en la atención de los casos que están en manos del Ministerio Público. Vemos casos emblemáticos por ejemplo que no caminan y se hacen largos”, señaló Paredes a la Agencia Andina.
El parlamentario sostuvo, sin embargo, que no tiene inconveniente en que se realice alguna modificatoria a la norma, en caso de que el Ejecutivo decida observarla. “Habría que ver sobre qué materia principal observa (el Gobierno), a lo mejor pone un punto medio del tema del plazo”, indicó.
Por su parte, el exprocurador Antonio Maldonado consideró que la ley aprobada por el Congreso es antitécnica porque no toma en cuenta el sentido de la realidad. Indicó que es complicado colocar plazos cuando se trata de investigaciones de este tipo.
“Son casos complejos. Hay actores con poder político y económico que van a jugar con la justicia, van a intentar acercarse al Ministerio Público con solicitudes de colaboración eficaz y luego las van a retirar, o van a negociar los términos, y todo eso no se hace en 8 meses, ni siquiera con el plazo adicional para organizaciones criminales”, señaló a la Agencia Andina.
Maldonado señaló además que, por su carácter de norma procesal, esta ley no solo tendría validez para los procesos de colaboración que se den con posterioridad al día en que se promulgue, sino que también podría aplicarse de manera retroactiva.
Por su parte, la exfiscal Rocío Sánchez se mostró a favor de que la Procuraduría General del Estado pida al Ejecutivo que observe la citada norma. Recordó que la colaboración eficaz es la herramienta que necesita el fiscal para tener un testigo directo de los hechos.
“El Congreso, con este proyecto, está dejando sin elementos de corroboración, está dejando sin medios probatorios fuertes a los casos emblemáticos de corrupción y lavado de activos”, declaró la exfiscal del caso Cuellos Blancos.
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