Arequipa. Una nueva crisis política, social y económica atraviesa nuestro país a raíz de las acciones tomadas por el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones. En horas de la mañana, a través de un comunicado, el mandatario disolvió el Congreso e instó a nuevos cambios en las diferentes instituciones como es el Tribunal Constitucional, Ministerio Publico, entre otros.
Ante esto, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Alfredo Álvarez Díaz, resaltó que tal medida es ilegal e inconstitucional. “Desde el punto de vista legal, la medida que tomó el Ejecutivo rompe el sistema constitucional de derecho (…) nadie puede cerrar un poder del Estado, nadie tiene esa atribución, solo se permite esa medida dentro de un debido proceso, lo cual está establecido dentro de la Constitución”, dijo.
Del mismo modo, expresó su rechazo al quiebre constitucional, el cual rompe el estado de derecho y colisiona contra el principio de autonomía y separación de los poderes del Estado.
“La ruptura del estado de Derecho sí conlleva responsabilidades y por tanto, toda norma que se emita dentro de estas circunstancias no tiene que ser acatada por los ciudadanos”, se pronunció.
Similar opinión manejó la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) que, a través de un comunicado, anunció que los hechos suscitados son un “golpe de estado”.
“No existe ninguna norma que autorice al presidente a reformar o tomar el Poder Judicial. Hacerlo es inconstitucional”, se lee en el pronunciamiento.
ACTO IRRESPONSABLE. Nuestro Legislativo regional también emitió un pronunciamiento referido a la acción anticonstitucional realizada por Pedro Castillo. El consejero regional, Harberth Zúñiga, sostuvo que fue un acto irresponsable y llamó a la unidades de los gremios y bases sociales.
Reafirmo mi profunda convicción democrática y hago un llamado a toda la población y organizaciones de base a cerrar filas en defensa de la Constitución y el orden democrático”, señaló.
De otro lado, su colega Miguel Guzmán, pidió tranquilidad por este suceso y añadió que traerá un potencial perjuicio en las inversiones, trabajo con empresas extranjeras, turismo, entre otros.
Este 7 de diciembre también una comitiva integrada por más de 20 fiscales realizaron una declaración pública en la sede del Ministerio Público de Arequipa en respaldo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los profesionales prefirieron no emitir declaraciones referido a posibles delitos o faltas de Castillo.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
