La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” por la decisión del Congreso peruano de inhabilitar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por diez años, pese a que —según sostiene— se le atribuyó haber firmado un documento que nunca suscribió. La entidad recordó que los operadores de justicia cuentan con garantías reforzadas de estabilidad y que cualquier remoción debe cumplir estrictamente el debido proceso. “Las inhabilitaciones sin respeto a la legalidad amenazan la separación e independencia de los poderes”, advirtió.
La sanción contra Espinoza fue aprobada el 3 de diciembre de 2025 con 71 votos a favor, tras una reconsideración que modificó el resultado inicial. El proceso se originó en una denuncia constitucional impulsada por parlamentarios como Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes la acusaron de participar en un reglamento interno del Ministerio Público que —afirma el Congreso— contravenía la Ley 32130, norma que fortalece el rol de la Policía Nacional en investigaciones preliminares. Espinoza negó haber intervenido en dicho documento y calificó la acusación como “arbitraria y vengativa”.
Durante su defensa, la fiscal sostuvo que el reglamento cuestionado nunca fue aprobado por la Junta de Fiscales Supremos y denunció persecución política por haber impulsado investigaciones contra congresistas. Pese a ello, el informe de la Subcomisión de Acusaciones la señaló por presuntas infracciones constitucionales y posibles delitos como abuso de autoridad y usurpación de funciones. Con la votación final, Espinoza quedó impedida de regresar al Ministerio Público.
El caso se agrava porque Espinoza ya enfrentaba tensiones con otras instituciones del sistema de justicia. En septiembre, la Junta Nacional de Justicia la suspendió por seis meses por no ejecutar la restitución de Patricia Benavides. Aunque un juez ordenó su reposición temporal, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto esa decisión mediante una medida cautelar ampliamente cuestionada. Incluso, la fiscal solicitó que no se aplique el fallo del TC por considerarlo inconvencional, pero el magistrado a cargo terminó acatando la resolución.
Mientras tanto, en el Congreso avanza una segunda denuncia constitucional que podría sumar otros diez años de inhabilitación. La aceleración de estos procesos ha llevado a expertos y organismos internacionales a advertir que se está configurando un patrón de interferencia política contra el Ministerio Público. Para la CIDH, la situación refleja un retroceso institucional que pone en riesgo la independencia judicial y el equilibrio democrático en el país.
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