El prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, volvió a insistir ante el Poder Judicial para afrontar en libertad la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas de Perú Libre entre los años 2008 y 2021. A través de su defensa legal, el líder del partido del lápiz apeló la resolución que declaró infundado su pedido de variar la prisión preventiva por una medida de comparecencia con restricciones.
El recurso de apelación fue presentado el 11 de diciembre contra la decisión emitida el 4 de diciembre por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien rechazó modificar el mandato de prisión preventiva de 24 meses dictado contra Cerrón por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado. La defensa solicitó que la instancia superior revoque el fallo o, de manera alternativa, lo declare nulo y ordene una nueva resolución a cargo de otro magistrado.
El último 15 de diciembre, el juez Cristóbal Ayala concedió el recurso de apelación y dispuso que el expediente sea elevado a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que deberá evaluar si admite el pedido a trámite y convoca a una audiencia virtual para definir la situación legal del exgobernador en los próximos días.
En su argumentación, la defensa de Cerrón sostuvo que los elementos de convicción y el peligro de fuga que motivaron la prisión preventiva habrían variado, alegando la existencia de nuevos informes periciales, pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado, resoluciones firmes en otros procesos por lavado de activos y la regularización de un presunto desbalance patrimonial ante la Sunat. Asimismo, recordó que el Tribunal Constitucional anuló una condena previa en el caso La Oroya y que la Corte Suprema absolvió a Cerrón en el caso Aeródromo Wanka.
No obstante, el magistrado consideró que los argumentos presentados vuelven a plantear elementos ya evaluados anteriormente y precisó que ningún procesado está autorizado a evadir sus obligaciones judiciales, incluso si enfrenta otros procesos. En su resolución, el juez enfatizó que la prisión preventiva se encuentra debidamente motivada y amparada por la normativa constitucional y supranacional, subrayando que la pérdida temporal de la libertad forma parte de las reglas del Estado de Derecho cuando se investigan delitos graves como organización criminal y lavado de activos.
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