La situación del congresista Darwin Espinoza se agrava tras la decisión del Poder Judicial de declarar fundada la solicitud de la Fiscalía para levantar el secreto de sus comunicaciones en el marco del caso conocido como ‘Ley del Atún’. La medida fue adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley y autoriza a las empresas Movistar, Claro, Entel y Bitel a entregar información detallada sobre el uso de líneas telefónicas vinculadas al parlamentario entre el 1 de diciembre de 2021 y el 29 de junio de 2022. Espinoza es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Según la resolución judicial, las operadoras deberán remitir un reporte exhaustivo que incluya llamadas entrantes, salientes y perdidas, mensajes de texto y de voz, así como fecha, hora y duración de cada comunicación. Además, se exige la entrega de datos técnicos como los códigos IMSI e IMEI, que identifican la línea y el equipo móvil utilizado, y la ubicación geográfica de los dispositivos al momento de cada llamada. Toda esta información deberá enviarse al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía en un plazo máximo de 48 horas.
La investigación también alcanza a Juan Torres Cubas, Jorge Prado Palomino, Eduardo Mora Asnaran y Kenyi Risco Urbina. De acuerdo con la tesis fiscal, Espinoza habría gestionado modificaciones normativas en el sector pesquero mediante el Decreto Supremo N.° 09-2022-PRODUCE para favorecer a empresarios atuneros.
El Ministerio Público sostiene que el legislador habría solicitado un millón de soles para facilitar la designación de un ministro de la Producción que garantizara dichos cambios, hipótesis sustentada en declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz y presuntas conversaciones de WhatsApp incorporadas al expediente.
La defensa del congresista ha cuestionado la legalidad del levantamiento del secreto de las comunicaciones, al considerar que “vulnera derechos fundamentales” y que la investigación se apoya principalmente en testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces.
No obstante, el Poder Judicial dispuso la ejecución inmediata de la medida como parte de las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en un caso que podría tener implicancias directas en la política pesquera nacional y en la lucha contra la corrupción en el Perú.
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