El 22 de setiembre de 2025, Tomás Gálvez asumió como fiscal de la nación interino, cumpliendo parcialmente una aspiración personal. Sin embargo, su llegada al máximo cargo del Ministerio Público coincidió con un tema pendiente que hoy genera cuestionamientos: la investigación en su contra por un presunto intercambio indebido de favores para su nombramiento como fiscal supremo, en una trama que involucraría a los hermanos Humberto y César Acuña y a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Tres días después de asumir el cargo, la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos le remitió a Gálvez un informe sobre el estado de casos emblemáticos, entre ellos el suyo. Al día siguiente, su abogado, Luis de la Cruz, se reunió con la fiscal suprema provisional Carolina Delgado, titular del despacho a cargo de la investigación. Según relató Delgado, el letrado expresó la preocupación de Gálvez por la demora del caso y solicitó que se evaluara su archivo, dejando incluso un documento, lo que ella interpretó como una gestión directa por encargo del entonces fiscal de la nación interino.
Pese a ello, la carpeta fiscal estaba lejos de cerrarse. Aún faltaba un informe clave para definir si se solicitaba la formalización de la investigación preparatoria, tarea que correspondía al fiscal adjunto supremo Juan Paúl Ramos Navarro, quien fue removido del cargo por el propio Gálvez en diciembre. Un mes después de la reunión con el abogado, el 27 de octubre, Gálvez citó intempestivamente a Delgado y le exigió la renuncia, alegando una supuesta falta grave por permitir que un fiscal provincial solicitara información sobre su caso, pese a que la coordinación entre despachos está contemplada en el Código Procesal Penal.
Durante esa reunión, según el testimonio de Delgado, Gálvez le reveló que conocía del pedido de información porque, dijo, “sus alumnos están en todos los despachos” y le filtraban datos desde el propio Ministerio Público. Días después, al no presentar su renuncia, Delgado fue removida mediante una resolución publicada el 31 de octubre en El Peruano, firmada por Gálvez. La fiscal cuestionó duramente los argumentos de la medida, señalando que luego el exfiscal la acusó públicamente de “armar muñecos” y de supuestos seguimientos, imputaciones que calificó de falsas y difamatorias.
Las controversias se reavivaron recientemente cuando Gálvez negó en una conferencia de prensa tener investigaciones vinculadas a Los Cuellos Blancos, afirmando que un caso fue archivado en 2021. Sin embargo, minutos después reconoció la existencia de otra carpeta fiscal abierta, que calificó de “investigación inventada”. En ese contexto, volvió a cuestionar a Delgado y a la exfiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas. Las contradicciones y testimonios conocidos reabren el debate sobre presuntas interferencias en el Ministerio Público y la independencia de las investigaciones que involucran a altas autoridades del sistema de justicia.
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