El juez supremo Juan Carlos Checkley aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra la exfiscal de la nación Delia Espinoza, en el marco del proceso abierto tras su inhabilitación política dispuesta por el Congreso. La decisión permite que continúe la indagación por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, relacionados con la elaboración del reglamento de actuación fiscal cuestionado por el Parlamento.
La medida judicial se da luego de que el Congreso levantara el antejuicio político contra Espinoza, pese a que documentos internos del Ministerio Público acreditan que ella no participó directamente en la elaboración del reglamento observado. Según esos informes, el único funcionario involucrado habría sido el entonces fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena, lo que ha alimentado las críticas sobre el sustento real de la acusación.
En su resolución, el juez Checkley consideró que la Fiscalía cumplió con los requisitos formales para iniciar la investigación y estableció un plazo de 120 días, prorrogable, para el desarrollo de las diligencias. Asimismo, dispuso que la Procuraduría General del Estado pueda constituirse como actor civil, abriendo la posibilidad de una eventual reparación económica si se acreditara responsabilidad penal.
Paralelamente, la defensa de Delia Espinoza anunció que presentará una excepción de improcedencia de acción, al considerar que los hechos imputados no configuran delito alguno. Además, la exfiscal interpuso una demanda de amparo contra la inhabilitación impuesta por el Congreso, argumentando vulneración del debido proceso y de sus derechos constitucionales, recurso que ahora deberá evaluar la Sala Constitucional de Lima.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la tensión entre el Legislativo y el Ministerio Público, así como el uso de mecanismos políticos para apartar a altas autoridades del sistema de justicia. Mientras avanza la investigación, el proceso se perfila como un nuevo capítulo en la disputa por los límites del poder y la independencia de las instituciones en el país.