La inscripción de Carmela Victoria Yactayo Lévano como candidata al Congreso por el partido Perú Primero ha encendido la polémica en el escenario político nacional. La aspirante figura en los registros del Jurado Nacional de Elecciones pese a haber sido detenida en 2023 por presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos y otros delitos graves en la provincia de Cañete.
Según información policial, Yactayo fue capturada cuando intentaba salir del país y, tras su detención, se le dictó 18 meses de prisión preventiva por presuntamente integrar la red criminal conocida como “Los Indeseables de Herbay Alto”. La organización es investigada por homicidio calificado, extorsión, usurpación y lavado de activos, entre otros delitos.
Las investigaciones señalan que la exaspirante habría tenido un rol clave dentro de la organización, incluso siendo vinculada con el asesinato de un ciudadano ocurrido en 2021, caso que fue asumido por la División de Homicidios de la Policía Nacional. Durante los operativos, se incautaron armas de guerra, explosivos y documentación comprometedora.
Pese a estos antecedentes, Yactayo figura como candidata a diputada por el partido del expresidente Martín Vizcarra. De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el JNE, cuenta con estudios en Derecho y experiencia política previa, aunque el historial judicial ha generado cuestionamientos sobre los filtros aplicados en la inscripción de postulantes.
El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los partidos políticos y del sistema electoral en la selección de candidatos, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que personas con investigaciones graves accedan a cargos de representación. Mientras tanto, el JNE evalúa la legalidad de su inscripción en medio de crecientes cuestionamientos públicos.
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