La presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera, propuso al Pleno de la institución la destitución de la suspendida fiscal de la nación, Delia Espinoza, por presuntas faltas muy graves relacionadas con el incumplimiento de la resolución que ordenaba reponer a Patricia Benavides en el cargo. La recomendación forma parte de un procedimiento disciplinario que había sido suspendido por una decisión judicial, pero que fue reactivado tras una medida cautelar del Tribunal Constitucional a favor de la JNJ.
Según un informe de 44 páginas, Cabrera sostiene que los hechos imputados a Espinoza están debidamente acreditados y que la sanción de destitución resulta “idónea” para preservar la autoridad de las decisiones del órgano constitucional. Entre los cargos, se señala que la fiscal habría hecho caso omiso a la resolución de la JNJ que disponía la reposición de Benavides, pese a que Espinoza había sido elegida por la Junta de Fiscales Supremos.
El documento también atribuye a Espinoza haberse negado a cumplir funciones como fiscal suprema al no recibir a Benavides cuando esta acudió al Ministerio Público el 16 de junio, optando por convocar una sesión de la Junta de Fiscales Supremos. Además, se le imputa haber instigado —directa o indirectamente— al personal fiscal y administrativo para impedir la reincorporación, así como no adoptar medidas para disolver una vigilia realizada fuera del horario laboral, lo que Cabrera califica como un “uso indebido” de las instalaciones que afectó el prestigio institucional.
Cabrera descarta sanciones menores como suspensión o amonestación y afirma que las conductas comprometieron deberes esenciales del cargo sin corrección posterior para restablecer el orden jurídico. En su análisis, defiende la legalidad de la resolución que reponía a Benavides y sostiene que su ejecución era inmediata, sin requerir actos confirmatorios ni evaluaciones previas; por ello, interpreta la falta de trámites administrativos y oficios de Espinoza como una voluntad de no acatar la decisión.
Finalmente, el informe ha generado cuestionamientos procedimentales, ya que fue suscrito el 14 de enero cuando Cabrera ya ejercía la presidencia de la JNJ y no integraba la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios. El reglamento establece que la propuesta de sanción debe provenir de un miembro de dicha comisión, un punto que ahora será evaluado por el Pleno al momento de decidir el futuro de la suspendida fiscal de la nación.
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