Lima. El 11 de abril, los ministros de Justicia y del Interior, José Tello y Vicente Romero, respectivamente, declararon sobre la incautación de 295 bienes de Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular, en el marco de una investigación que le siguen por lavado de activos. Esto no le agradó al partido naranja y a congresistas que ahora buscan interperlar a los titulares por esa acción.
Liderados por la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, recolecta firmas para que los ministros respondan a las cuestiones.
Según Chirinos, las afirmaciones a la prensa de Romero y Tello configurarían “una flagrante violación al principio de separación y equilibrio de poderes”.
Las declaraciones que no le agradó a Chirino fueron: “Estamos dando un mensaje claro como Gobierno, como operadores de justicia, de que vamos a cambiar las cosas y de que no va a haber impunidad y además, finalmente, lo que se usó par el mal ahora va a servir para el bien”, dicho por Tello; y “después del caso Orellana, este caso en el tema de lavado de activos es el más grande en el Perú”, referido por Romero. En ese sentido, en el documento con el que busca interpelar a ambos ministros, se lee que la investigación fiscal a Joaquín Ramírez solo le compete a las instituciones que administran justicia y a la Dirección contra Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú.
Para ella, a pesar de que la Policía depende del Ministerio del Interior y que el destino de los bienes retenidos son al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad adscrita al Ministerio de Justicia, los titulares no debieron dar explicaciones sobre las diligencias fiscales.
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