El tan anunciado proyecto del Ejecutivo para introducir el delito de terrorismo urbano, propone aumentar las penas de de 10 a 15 años de cárcel, a quienes bloqueen vías.
Es decir, en caso de quienes quieran participar en una marcha donde se obstaculice las carreteras cometerán este delito y enfrentarían dichos años de prisión.
Además la iniciativa incluye que si un militar o policía comete excesos, como abatir a un ciudadano durante estado de emergencia, pasarán a ser investigados por el Fuero Militar y ya no por la Fiscalía. Esto es criticado porque aseguran que los casos puedan archivarse y no investigarse debidamente.