El exparlamentario Ricardo Burga, ahora candidato a diputado por Acción Popular, denunció un presunto fraude en las elecciones internas del partido realizadas el 7 de diciembre. Según afirmó a Canal N, la presidenta del Comité Electoral Nacional, Cinthia Pajuelo, habría inscrito de manera unilateral una lista de 30 delegados que modificó los resultados legítimos obtenidos el 30 de noviembre, actuando sin la aprobación del colegiado.
Burga acusó directamente a la ONPE de haberse coludido con este proceso irregular al aceptar la inscripción sin verificar firmas ni requisitos obligatorios. Aseguró que Pajuelo habría utilizado sus claves personales para cargar la lista sin sustento, mientras el organismo electoral —a diferencia del JNE— no cumplió con su labor de supervisión. Por ello, anunció una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y varios gerentes por omisión de funciones.
El excongresista señaló que él y al menos otras 14 listas a nivel nacional han presentado impugnaciones formales. Afirmó que el precandidato presidencial Julio Chávez fue el verdadero ganador de la elección del 30 de noviembre y que el Jurado Nacional de Elecciones deberá decidir entre reconocer los resultados originales o anular completamente el proceso. De darse este último escenario, Acción Popular quedaría fuera de las elecciones del 12 de abril y perdería su inscripción.
Burga calificó lo ocurrido como la actuación de una “organización criminal” que busca capturar el partido y señaló como beneficiarios a Alfredo Barnechea y a la sobrina del secretario general Juan Abad, quien integra su plancha presidencial. “Quien roba una candidatura no puede ser representante de Acción Popular”, declaró, acusando también la existencia de un presunto audio donde se ofrecerían puestos y dinero para manipular mesas electorales.
Finalmente, el exparlamentario advirtió que estos hechos no solo afectan a su organización política, sino que ponen en cuestión la credibilidad de las elecciones internas en todo el país. Aseguró que la ONPE pierde autoridad al avalar un proceso que, según sostiene, está viciado desde su origen y requiere una investigación profunda por parte del sistema electoral y el Ministerio Público.
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