La expresidenta Dina Boluarte presentó un nuevo recurso judicial para intentar dejar sin efecto su vacancia por incapacidad moral permanente, aprobada por el Congreso el 10 de octubre de 2025. A través de su defensa legal, apeló la resolución que rechazó una medida cautelar y ahora busca que la Corte Suprema suspenda los efectos de su destitución mientras continúa el proceso constitucional.

El recurso fue presentado el 26 de junio y admitido a trámite el 6 de julio, luego de que el Poder Judicial verificara el cumplimiento de los requisitos procesales. El expediente fue remitido a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, que deberá decidir si convoca a una audiencia para evaluar el pedido de la exjefa de Estado.

Los abogados de Boluarte sostienen que durante el proceso de vacancia se vulneraron derechos fundamentales como el debido proceso, la legítima defensa, la igualdad ante la ley y el derecho al honor. Además, aseguran que la entonces presidenta fue notificada con menos de una hora de anticipación, lo que habría impedido preparar adecuadamente su defensa antes de la votación parlamentaria.

Como parte de sus argumentos, la defensa invocó una sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con el caso del expresidente Pedro Castillo, al considerar que la vacancia por incapacidad moral debe respetar las garantías constitucionales y no responder únicamente a decisiones de carácter político.

No obstante, la Primera Sala Constitucional de Lima concluyó previamente que no existían elementos suficientes para conceder la medida cautelar solicitada y sostuvo que revisar la legalidad del procedimiento parlamentario requiere un análisis de fondo. Ahora será la Corte Suprema la que determine si el caso avanza y si corresponde revisar la destitución de la exmandataria.