El pleno del Congreso discutirá el 3 de diciembre, la posible inhabilitación por diez años de Delia Espinoza, acusada de infringir la Constitución. La propuesta ya fue aprobada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la Comisión Permanente, avanzando hacia su definición final.
La denuncia se basa en una resolución del Ministerio Público emitida en octubre de 2024 y firmada por el fiscal supremo Juan Carlos Villena, quien ejercía como fiscal de la nación interino. Para Fuerza Popular y Acción Popular, el acto vulnera una ley que refuerza el rol de la Policía en las investigaciones, mientras que bancadas de izquierda califican el proceso como políticamente motivado.
Los críticos sostienen que, aunque Villena firmó la resolución, Espinoza era considerada fiscal de la nación de facto, lo que la haría responsable de un reglamento que —según el Congreso— restaría funciones a la Policía Nacional. Este argumento enfrenta cuestionamientos por la falta de consenso sobre la validez jurídica de esa interpretación.
El dictamen aprobado incluye únicamente a Delia Espinoza, pese a que la propuesta inicial buscaba sanciones también para los fiscales supremos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Esta exclusión ha generado reclamos de selectividad, al señalarse que la responsabilidad debería alcanzar a todos los involucrados en la emisión del documento.
Algunos congresistas consideran que la eventual inhabilitación frenaría el ascenso de Espinoza hacia la Fiscalía de la nación, mientras que otros advierten una posible retaliación por las denuncias constitucionales que ella impulsó en el pasado. La decisión final será tomada este 3 de diciembre en un pleno marcado por tensiones políticas y posiciones enfrentadas.
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