Arequipa. Desde marzo, los auditores de la Contraloría realizarán un operativo para verificar que cada funcionario público cumpla con el perfil exigido para ocupar cargos de confianza en los gobiernos regionales y municipales, en caso no tengan los requisitos deben ser retirados del cargo y si cometieron delitos serán investigados por la Fiscalía.
Es necesaria la contratación de profesionales adecuados porque según el gerente regional de Control de Arequipa, Hugo Ponce Cámara, tener personal deficiente generó el año pasado que 489 funcionarios de 176 entidades públicas de la región estuvieron involucrados en corrupción, lo que causó un perjuicio económico contra el Estado superior a S/ 84 millones.
Recomendó a las autoridades no ‘reciclar’ funcionarios que participaron en irregularidades.
“Son 120 informes presentados donde fueron identificados 333 funcionarios con responsabilidades administrativas, 293 con civiles y 152 con penales”, sostuvo.
SANCIONES. El gerente Ponce manifestó que desde julio del 2021 la Contraloría tiene potestad sancionadora, pero recién será efectiva desde el 2023. Con ello identificarán una responsabilidad grave o muy grave y los funcionarios serán retirados.
“Hechos que ocurrieron después de la fecha, sí se puede identificar y trasladamos el caso al órgano instructor de la Contraloría y si el titular no cumple con la disposición nosotros podemos actuar con una responsabilidad al titular de la entidad”, refirió.
Por otro lado, Ponce señaló que los funcionarios se “refinan” para aprovechar los bienes públicos.
“Las personas que trabajan en administración pública y tienen cierto nivel de corrupción buscan maneras de extraer recursos públicos por ejemplo en compras menores a 8 UIT (S/39 600). Crean necesidades que no necesariamente existen”, aseguró Ponce.
Otro de los factores que favorecen a los funcionarios corruptos son los estados de emergencia donde no hay control al firmar contratos.
Ponce explica que ello incluye una justificación para que hagan compras directas y se salten procedimientos, “eso conlleva a cierta discrecionalidad y puede existir un riesgo de corrupción”, concluyó.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
