La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó un segundo informe final que propone inhabilitar por 10 años a la fiscal de la nación, Delia Espinoza, por presuntas infracciones constitucionales y posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato. La acusación se origina en la denuncia constitucional que Espinoza presentó contra 11 congresistas por la ley que permitió la doble percepción económica para retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El informe, elaborado por el congresista Elvis Vergara, sostiene que Espinoza vulneró artículos como el 45, 93 y 139 de la Constitución. Sin embargo, la fiscal defendió su actuación señalando que actuó dentro de sus competencias para defender la legalidad y perseguir el delito. Con esta aprobación, el caso pasa ahora a la Comisión Permanente, que deberá decidir si eleva la acusación al Pleno del Congreso.
El debate se intensifica mientras el Parlamento se prepara para votar la inhabilitación de Espinoza por otro caso: el reglamento de actuación fiscal publicado en octubre de 2024. La Subcomisión atribuye su aprobación a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Delia Espinoza, argumentando que contradice la Ley 32130 y que habría sido aprobado irregularmente. No obstante, documentos internos del Ministerio Público demuestran que la Junta de Fiscales Supremos nunca debatió ni aprobó ese reglamento, y que su emisión fue responsabilidad exclusiva del entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.
Registros de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos confirman que entre agosto y diciembre de 2024 no se trató ni votó ningún proyecto de reglamento. Las primeras versiones del documento incluían nombres de las oficinas que lo elaboraron, pero en la versión final esos nombres fueron retirados y reemplazados por la frase “elaborado y revisado por Junta de Fiscales Supremos”, aunque se mantuvo la indicación de que fue “aprobado por Juan Carlos Villena Campana”.
Pese a que la acusación inicial incluía a los cuatro fiscales supremos, la Comisión Permanente decidió sancionar solo a Delia Espinoza, con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. En los casos de Villena, Ávalos y Sánchez, las abstenciones superaron a los votos favorables, impidiendo que prosperaran las propuestas de inhabilitación.
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