Por: Dante Alva
La Comisión de Inclusión Social y personas con Discapacidad del Congreso que preside el Roberto Kamiche, aprobó por unanimidad los proyectos de ley 2794 /2022-CR y 2753/2022-CR, que establece ampliar la accesibilidad al entorno físico, medios de transporte, servicios, información y comunicaciones a favor de las personas con discapacidad visual.
La finalidad de la iniciativa es contribuir en la concreción del derecho que tiene toda persona a su desarrollo en la vida social, a través de la implementación de semáforos sonoros; pavimentos podotáctiles; rampas, barandas y pasamanos en instituciones que brindan u ofrecen servicios al público; placas Braille de orientación y señalización en edificaciones públicas y privadas; empaque en sistema Braille de alimentos procesados de primera necesidad y de medicinas; e impresión en sistema Braille del documento nacional de identificación (DNI).
Para la Organización Mundial de la Salud la discapacidad visual es aquella referida a personas con deficiencias funcionales del órgano de la visión y, de las estructuras y funciones asociadas, incluidos los párpados, es decir es una afección que significa la disminución total o parcial de la vista, y generalmente cuando se hace referencia a la ceguera o deficiencia visual.
Kamiche Morante argumentó que en el Perú está vigente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, desde 2008, que obliga a los Estados a que adopten medidas para que se asegure el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico y urbano.
La ley 29973, Ley General de la persona con discapacidad, también reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un transporte accesible.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2013, señala que la accesibilidad viene a ser una condición previa para que las personas vivan de manera independiente y puedan participar en igualdad de condiciones en la sociedad, pero una gran barrera es la que existe en el acceso al entorno físico, transporte, información y comunicaciones (sistemas y tecnologías) así como a servicios e instalaciones abiertas al público, es por eso que las personas con discapacidad no tienen igualdad de oportunidades de participación en la sociedad.