La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público inició una investigación disciplinaria sumaria contra José Domingo Pérez, fiscal provincial del equipo especial que investiga el caso Odebrecht. El expediente fue abierto de oficio y formalizado el 29 de enero de 2026, al considerar que el magistrado podría haber incurrido en faltas “muy graves” durante una intervención en audiencia pública.
El eje del proceso es la postura asumida por Pérez respecto al caso Cócteles, en el que solicitó al juez Wilson Verástegui no aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el proceso contra Keiko Fujimori. En dicha audiencia, el fiscal sostuvo que el fallo contenía “hechos falsos” y lo calificó como una “sentencia política y prevaricadora”.
Según lo expuesto, Pérez afirmó que el TC atribuyó erróneamente a Fujimori el delito de lavado de activos bajo la modalidad de receptación patrimonial, cuando —dijo— la acusación fiscal se basaba en actos de conversión. Incluso planteó que un juez ordinario podría no cumplir un fallo del TC si deja constancia de “vicios graves” y “premisas falsas”, criterio que motivó la intervención del órgano de control.
A partir de estas declaraciones, la ANC imputa al fiscal la presunta infracción del artículo 47, inciso 8, de la Ley de la Carrera Fiscal N.° 30483, que sanciona como falta muy grave el intento de influir en jueces u otros fiscales. Como agravante, también se evalúa una posible vulneración del Código de Ética de la Función Pública, por una influencia considerada inapropiada.
El procedimiento dispone una investigación preliminar sumaria de cinco días hábiles. Entre las diligencias, se ordenó que Pérez presente un informe detallado en un plazo de 24 horas desde su notificación, además de la recopilación de sus antecedentes institucionales y documentos relevantes para determinar si correspondió o no su conducta durante la audiencia cuestionada.
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