Luego de promulgar la ley 32181, que reforma el nuevo Código Procesal Penal y deroga la detención preliminar en casos donde no exista flagrancia, el Gobierno y congresistas afirmaron que ‘analizarán’ la norma, que entró en vigencia desde este 12 de diciembre.
Este ‘análisis’ se da tras las críticas a ambos poderes porque la ley afectaría la lucha contra la criminalidad, corrupción y otros delitos.
El vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, alegó que con esta norma y las promulgadas anteriormente, “pretenden instaurar un régimen autoritario en el que ellos tengan el control total de la situación”.
En respuesta el ministro de Justicia, Eduardo Arana, sostuvo que el Ministerio Público tuvo la oportunidad de estar en contra de la norma cuando se le llamó como especialista y que advierta las consecuencias en ese momento.
Asimismo, explicó que desde su sector no observaron la autógrafa porque estaba dentro del marco de la Constitución.
“Vamos a analizar la pertinencia de esta norma y, si consideramos pertinente, haremos la propuesta o modificación”, declaró a RPP, luego que la ley ya se oficializó.
Dicha autógrafa, fue aprobada por el pleno del Congreso bajo la concepción que ‘protegerían a los policías que usen sus armas para defenderse de un criminal’. Después fue enviada al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, para que firme y lo envíe al Ejecutivo que tenía la opción de promulgarla o también observarla, si se hubiera hecho este último, la ley regresaba al Legislativo.
El titular del Congreso, Eduardo Salhuana, quien firmó el documento, ahora asegura que buscarán corregir y rectificar.
“Hemos dispuesto que el equipo de la presidencia haga una revisión de esa norma. Creo que tenemos que corregir y rectificar”, refutó.
La otra vía sería que se interponga una acción de inconstitucionalidad contra la referida ley. Esto fue sugerido a la Fiscalía por el ministro Arana. Empero Salhuana advirtió que demoraría más y el camino más rápido sería otra norma y que se apruebe en la Comisión Permanente.
Esta vía la tomó la parlamentaria Ruth Luque, quien presentó un proyecto de ley para restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia.
“La ley 32181 es una norma de impunidad absoluta y pro delincuencia. El Congreso nuevamente está legislando a favor de la delincuencia”, aseguró Luque.
Es menester precisar que con el cambio, las detenciones solo podrán realizarse en casos de flagrancia, es decir, si el delito ocurre y se detecta en un plazo máximo de 48 horas, si no sucede así el imputado estará libre, pudiendo fugarse antes que se le dicte prisión preventiva.
La fujimorista Patricia Juárez defendió la norma asegurando que buscan evitar excesos.
“Lo que se está haciendo es que Fiscalía, Poder
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