Mientras que la organización Amnistía Internacional concluyó que la presidenta Dina Boluarte podría ser penalmente responsable por las muertes en las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023, los congresistas no aprobaron admitir a trámite la denuncia interpuesta por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, en noviembre del año pasado, cuando acusó a la mandataria por homicidio calificado.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), votó dos acusaciones contra Boluarte, la primera donde la acusan por homicidio junto a su expremier Alberto Otárola y exministros. Esta no prosperó y solo obtuvo cuatro votos a favor y 14 votaron en contra (ver lista).
Esta decisión será votada en la Comisión Permanente y si aprueban su archivamiento, la justicia para los fallecidos podría demorar cinco años más tras el fin del mandato de Boluarte, es decir, el 2035 por la inmunidad. Si pasa lo contrario, el proceso continuará en el 2026.
Previo a esa votación, el Poder Judicial desestimó la demanda de amparo de la jefa de Estado para archivar su investigación por las muertes. Mientras que la organización Amnistía presentó su informe: “¿Quién disparó la orden? y concluyó que la presidenta puede ser considerada como autora mediata por las graves violaciones de derechos humanos durante protestas contra su gobierno”.
Ante ello, el premier Gustavo Adrianzén, minimizó el hecho y aseguró que “ellos no responden a las ONG” y que dicha organización está “sesgada”.
CORRUPCIÓN. Después que la SAC votó la acusación por las muertes contra Boluarte, pasaron a debatir la otra denuncia constitucional contra la mandataria. Se trata la interpuesta por el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, en marco al caso de los relojes Rolex, donde acusan a la jefa de Estado por el delito de cohecho pasivo impropio.
La presidenta de la SAC, Lady Camones, informó que ambas acusaciones pasarán a votarse en la Comisión Permanente y en caso que la segunda sea aprobada, quedará ahí hasta que Boluarte termine su mandato porque así lo ordena la Constitución. Mientras que, si la primera denuncia por las muertes, los parlamentarios deciden aprobar el archivamiento, entonces el proceso continuará.
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