La madrugada del 15 de diciembre, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía Nacional realizaron un megaoperativo en el Callao contra la presunta organización criminal “Los Socios del Callao”. Entre los 27 inmuebles allanados se encontraba la casa del gobernador regional, Ciro Castillo, conocido hace más de una década por encabezar la búsqueda de su hijo en el Colca. Aunque existía una orden de detención preliminar en su contra, el gobernador no fue encontrado. Según fuentes policiales, siete personas fueron detenidas, entre ellas funcionarios y proveedores vinculados al Gobierno Regional del Callao.
El Ministerio Público sostiene que la red habría direccionado contrataciones en el Gobierno Regional y en el CAFED del Callao, ocasionando un perjuicio económico al Estado estimado en S/ 1,4 millones. Los investigados —entre ellos Luis Antonio Blanco Cabrera y funcionarios cercanos como César Huaringa y Wilmer Meza— habrían operado mediante el fraccionamiento de contratos y la selección recurrente de proveedores vinculados al movimiento político que llevó a Castillo al poder. Durante las diligencias se incautó documentación relacionada a órdenes de servicio y adquisiciones bajo sospecha.
Mientras tanto, la defensa del gobernador anunció que apelará la orden judicial, calificándola de “vaga” y cuestionando la legalidad del procedimiento. El abogado aseguró que el allanamiento fue “infructuoso” y sostuvo que nunca fueron notificados de la carpeta fiscal. “Si hubiera formalización, no podría haber detención preliminar”, afirmó. Pese a ello, la Fiscalía mantiene activa la requisitoria y las alertas en puestos fronterizos ante un eventual intento de fuga.
El operativo marca un giro dramático en la trayectoria pública de Castillo. Su historia conmovió al país en 2011, cuando lideró la extensa búsqueda de su hijo desaparecido en el Colca, episodio que lo posicionó como símbolo de perseverancia y dolor paternal. Tras aquella tragedia, impulsó la llamada “Ley Ciro” para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas y posteriormente incursionó en política, alcanzando la gobernación del Callao en 2022 con un apoyo electoral histórico. Sin embargo, su gestión pronto se vio empañada por denuncias de tráfico de influencias, nepotismo y contrataciones irregulares.
Los cuestionamientos se intensificaron desde 2023, cuando audios, reportajes y hallazgos de la Contraloría revelaron presuntos pagos indebidos, amenazas a la vicegobernadora, contratos adjudicados a familiares y aportantes de campaña, y gastos millonarios sin sustento en obras regionales.
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