La congresista Flor Pablo denunció que el Gobierno de José Jerí ha dejado sin protección legal a niñas, niños y mujeres indígenas de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, tras el retiro del equipo de Defensa Pública especializado en violencia sexual. La medida, adoptada por el Ministerio de Justicia, deja sin atención a una de las zonas con mayores índices de agresiones sexuales del país.
Según la parlamentaria, la salida de los 24 profesionales del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) implica que decenas de víctimas se queden sin abogados, traductores ni acompañamiento legal, pese a que el programa había sido implementado precisamente por la gravedad de los casos registrados en comunidades awajún y wampís. “El Estado les está dando la espalda nuevamente”, advirtió.
Las cifras refuerzan la gravedad del escenario. Solo en 2024 se registraron más de 500 denuncias por abuso sexual en la región Amazonas, muchas de ellas contra docentes. En Condorcanqui, cerca de 200 casos han prescrito debido a la falta de personal, la ausencia de seguimiento y la carencia de una estructura judicial eficaz, lo que ha permitido que agresores continúen ejerciendo funciones educativas.
La situación se agrava con la pérdida de expedientes tras un incendio ocurrido en 2022 y la escasez de profesionales para atender los procesos pendientes. De acuerdo con la congresista, actualmente una sola abogada debe asumir decenas de casos, lo que vuelve inviable una atención adecuada y oportuna para las víctimas.
Para Flor Pablo, esta decisión representa un grave retroceso en la lucha contra la violencia sexual y evidencia el abandono del Estado hacia las comunidades indígenas. La parlamentaria exigió al Ejecutivo revertir la medida de inmediato y garantizar la continuidad del servicio, advirtiendo que cada día sin acción estatal profundiza la impunidad y deja a más niñas expuestas a la violencia.
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