El diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, anunció el retiro de su proyecto de ley que proponía sancionar con hasta cinco años de prisión la apología al delito durante situaciones de crisis política y conflictos sociales, luego de las críticas de gremios periodísticos que advirtieron un posible riesgo para la libertad de expresión.
Bravo comunicó su decisión este domingo 23 de agosto mediante una columna publicada en el diario Expreso. Explicó que busca evitar que la polémica en torno a su propuesta distraiga la agenda legislativa y permitir que el Parlamento concentre sus esfuerzos en problemas que considera prioritarios, como la inseguridad ciudadana y la prevención de los efectos del fenómeno de El Niño.
El legislador señaló que su decisión también estuvo influenciada por una posición expresada por el presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien sostuvo que el país enfrenta problemas más urgentes que requieren atención inmediata.
PROYECTO. La iniciativa legislativa n.° 00043/2026-2031-CD planteaba penas de cuatro a cinco años de prisión para personas con capacidad de convocatoria que promovieran, justificaran o alentaran el uso de explosivos, artefactos incendiarios o sustancias peligrosas durante crisis políticas o conflictos sociales.
Bravo defendió que su propuesta estaba dirigida exclusivamente contra quienes promuevan actos violentos que pongan en riesgo la vida, la integridad de las personas o el patrimonio público y privado.
Sin embargo, gremios periodísticos cuestionaron el contenido de la iniciativa debido a la amplitud y ambigüedad de algunos términos. Advirtieron que una interpretación extensa podría alcanzar a periodistas, comunicadores, influencers o ciudadanos que informen u opinen sobre protestas y conflictos sociales.
GREMIOS. El Consejo de la Prensa Peruana rechazó el proyecto y advirtió que conceptos como “crisis política” no tenían una definición suficientemente precisa, lo que podría dejar amplios márgenes de interpretación para determinar cuándo se habría cometido un delito.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también cuestionó términos utilizados en la propuesta y señaló que podrían generar procesos penales contra medios que cubran manifestaciones o difundan declaraciones de dirigentes durante protestas.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú se sumó a las críticas y sostuvo que informar sobre hechos violentos durante conflictos sociales no equivale a justificar la violencia.
Pese al retiro, Bravo sostuvo que considera necesario combatir la promoción de actos violentos y dejó abierta la posibilidad de perfeccionar su propuesta para retomarla posteriormente. “Se trata de ceder sin conceder”, afirmó el legislador al explicar su decisión.
