Amnistía Internacional (AI) presentó los primeros hallazgos de su investigación sobre las protestas registradas en el país desde el 7 de diciembre. Lo que determinaron es que en el Perú se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y que hay un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas.
La AI realizó su investigación en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero. En el lugar recabó testimonios, información audiovisual y conversó con las principales autoridades, incluida la presidenta Dina Boluarte.
Sus primeros hallazgos fueron que el Ejército y la PNP dispararon de forma ilegítima armas letales y usaron otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas.
“Las autoridades peruanas permitieron que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, dijo la representante de la organización, Erika Guevara Rosas.
La mandataria Dina Boluarte Zegarra negó su participación en estas decisiones, dar una orden o semejante en el uso desproporcional de la fuerza hacia los manifestantes, en respuesta a la AI.
La organización de Derechos Humanos sostiene que documentó 12 muertes de las 60 en las que “todas las víctimas parecían haber recibido disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que podría indicar, en algunos casos, el uso intencional de fuerza letal”, informaron.
LENTITUD. Tras más de dos meses del inicio de las protestas, los 60 fallecidos aún no obtienen justicia. Ante esto, la AI advirtió que existe lentitud en el proceso y que en algunos casos no se habría preservado la cadena de custodia de cierta evidencia, lo que socavaría la posibilidad de que las investigaciones resulten auténticamente imparciales y exhaustivas.
“Demorar y descuidar esta labor crítica, contribuye a crear un clima de impunidad que solo fomenta tales actos”, manifestó Guevara.
ESTIGMATIZACIÓN. Sobre los calificativos de “terroristas” o las premisas que los manifestantes están vinculados con grupos criminales, la AI aseveró que no deberían realizar las declaraciones sin las pruebas necesarias.
Además aseguró que las autoridades usaron dicho discurso para deslegitimar las protestas y justificar las violaciones a los derechos humanos.
“Cuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde. Así, se justifican tácticas militares y policiales arbitrarias en contra de la población civil, se coarta la libertad de expresión y se revictimiza a quienes lloran la pérdida de un ser querido”, dijo la directora ejecutiva de la organización, Marina Navarro.
La Amnistía Internacional recomendó a la presidenta en la reunión del 15 de febrero, un cambio de tácticas en la gestión de manifestaciones, el fin del uso de la fuerza letal, pedir a la Fiscalía acelerar investigaciones de las muertes y que debe acabar con las estigmatizaciones. Además se pidió apoyo urgente a las familias afectadas y mecanismos de protección para evitar la represión.
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