Lima. Un organismo internacional se suma a la fila de informes sobre las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso que concluye en lo mismo: la represión policial y militar, pero hay algo nuevo que es la posible “complicidad” del actual régimen ante los 60 fallecidos. La investigación pertenece a la organización Human Rights Watch.
Una de sus principales conclusiones fue que existió el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía contra los manifestantes. Además, detalla que 15 muertos no participaban en las marchas y solo eran transeúntes. A las autoridades que responsabiliza, la organización, es a la presidenta
Boluarte y de los altos funcionarios, pues permitieron el uso despropocionado de la fuerza.
Human Rights Watch también cuestiona el papel de la Fiscalía, indican que hubo una demora para recoger pruebas que habrían contribuido al avance de las indagaciones.
El organismo recomienda al Ejecutivo que deje de estigmatizar, llamando terroristas a los manifestantes. Al Ministerio Público a nombrar más fiscales especializados en derechos humanos. Al Congreso de abandonar sus intenciones de socavar la autonomía de entidades electorales. Por último, a la Policía, abrir investigaciones internas sobre el uso inapropiado de armas letales y hostigamiento a periodistas u otros ciudadanos.