El fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, ejecutó una serie de cambios en los despachos supremos sin ofrecer fundamentos claros. En los documentos oficiales, Gálvez solo argumenta que, en su condición de interino, puede “reestructurar a su gusto las fiscalías supremas”, sin precisar causas concretas para la destitución de las fiscales Alejandra Cárdenas y Elena Carolina Delgado, ambas responsables de investigaciones sensibles.
Una de las afectadas fue la abogada Alejandra Cárdenas. La magistrada tenía a su cargo, entre otros, el caso contra la exfiscal de la nación Patricia Benavides por los presuntos plagios en sus tesis de maestría y doctorado, además de solicitó ampliar la suspensión de Benavides de 24 a 36 meses por presuntamente haber interferido en el trabajo del equipo especial Cuellos Blancos
“La tesis que presentó (en el concurso público de la JNJ de 2022) y que generó su calificación (nombramiento) como fiscal suprema es una tesis con 85 % de plagio. Por eso es que no aparecen. Vemos ahí como hay sustracción de los medios de pruebas”, declaró Cárdenas.
DESTITUYE A FISCAL. La decisión coincidió con la remoción de la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado, quien encabezaba el despacho encargado de investigar el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Según la resolución 3343-2025-MP-FN, publicada en El Peruano, Gálvez sostuvo que Delgado mostró un “desconocimiento de la función de un fiscal supremo”, luego de que la fiscal provincial Julianna Chávez solicitara información sobre investigaciones a un magistrado supremo. Fuentes de Infobae señalan que el fiscal involucrado era el propio Gálvez.
En reemplazo de Delgado, Gálvez designó a Lourdes Bernardita Téllez Pérez, señalada por su presunta cercanía con el exfiscal condenado Pedro Chávarry, aunque ella ha rechazado públicamente esa vinculación. La medida generó preocupación dentro del Ministerio Público y entre analistas, que advierten un intento de recomponer el poder interno en torno al fiscal interino.
La controversia se amplía con la reciente decisión de retirar los vehículos oficiales asignados a Delia Espinoza, pese a que la Policía Nacional del Perú recomendó mantener la medida para “salvaguardar su integridad física”. Además, Gálvez ignoró una medida cautelar del Noveno Juzgado Constitucional de Lima que ordena la reposición de Espinoza como fiscal de la nación.
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