El Congreso aprobó la acusación constitucional contra la exministra Betssy Chávez por presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias. La decisión fue respaldada por la Comisión Permanente tras evaluar informes que evidencian contrataciones irregulares cuando Chávez ocupaba altos cargos en los ministerios de Cultura y Trabajo. La decisión fue conocida este viernes 23 de mayo.
El informe, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, también solicita el levantamiento del antejuicio político contra la exfuncionaria. Este avance judicial ocurre mientras Chávez permanece bajo prisión preventiva por su implicación en el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, junto a otros exministros de su gestión.
A la par, el Congreso aprobó una sanción ejemplar: inhabilitar por diez años a Geiner Alvarado, exministro de Vivienda y luego de Transportes y Comunicaciones. Alvarado es acusado de refrendar ilegalmente un decreto de urgencia, infringiendo el artículo 39 de la Constitución. La denuncia fue impulsada por la congresista Patricia Chirinos y se suma a una lista creciente de funcionarios señalados por irregularidades en el gobierno anterior.
Además, el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, enfrenta una nueva acusación por presunta negociación incompatible. El caso se remonta a contactos con el exjuez Walter Ríos en 2017, donde habría intervenido para beneficiar a un excolaborador. Otro expediente pendiente apunta al exjuez supremo Aldo Figueroa, acusado de cohecho y tráfico de influencias.
Mientras tanto, en una controvertida decisión, la Comisión recomendó archivar la denuncia contra Dina Boluarte por el caso de los relojes Rolex, con el argumento de que los delitos imputados no se encuentran tipificados en el artículo 117 de la Constitución. Esta medida fue respaldada por varias bancadas, lo que ha desatado reacciones divididas en la opinión pública.
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