La crisis política que enfrenta José Jerí, presidente del Congreso y encargado de la presidencia, ha comenzado a generar reacomodos en otras bancadas del Parlamento. En ese contexto, dentro de Acción Popular ha empezado a tomar fuerza el nombre de la congresista María del Carmen Alva como una posible carta partidaria ante un escenario de censura o reconfiguración de la Mesa Directiva.
El panorama se ve marcado por las investigaciones que pesan sobre Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos y por la presentación de diversas mociones de censura. Aunque aún no existe una posición unificada en el Congreso sobre su eventual salida, en Acción Popular se analizan escenarios políticos que podrían abrir espacios de mayor protagonismo para la bancada en el tramo final del periodo legislativo.
Desde ese partido, el congresista Edwin Martínez lanzó duras críticas contra Jerí. En declaraciones a Canal N, sostuvo que el encargado de la presidencia habría incurrido en actos de corrupción con un estilo similar al del expresidente Pedro Castillo. Para Martínez, la firma de una adenda que amplía por 30 años la concesión a Terminal Internacional del Sur (Tisur), pese a que el contrato vence en 2029, constituye una prueba grave, ya que —según afirmó— Jerí fue advertido para no firmar dicho documento.
Consultado sobre la posibilidad de que Alva asuma un rol más protagónico, Martínez reconoció que se trata de una alternativa que se discute dentro de Acción Popular. Destacó su carácter y capacidad política, aunque admitió que enfrenta una debilidad: la falta de carisma para conectar con los sectores C, D y E, a los que identificó como los más afectados por la crisis del país.
Desde el análisis político, el debate fue abordado con cautela por Renán Núñez, quien en entrevista con Exitosa consideró poco probable una renuncia voluntaria de Jerí, pese a las seis mociones de censura en su contra. Núñez cuestionó además que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, no convoque a sesiones extraordinarias para debatirlas, al señalar que el bloqueo responde más a intereses internos de la Mesa Directiva que a una evaluación política de fondo.
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