La anulación de las elecciones internas de Acción Popular por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desató una crisis sin precedentes en el partido de la lampa y abrió un nuevo capítulo de confrontación con los organismos electorales. En respuesta al fallo, el presidente del partido, Julio Chávez Chiong, anunció que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para intentar revertir la decisión y garantizar la participación de la agrupación en los comicios generales de 2026. A través de un breve mensaje en X, acusó a la ONPE de “no hacer nada pese a estar advertida” y al JNE de “anular arbitrariamente todo”.
El pronunciamiento se produjo luego de que el JNE emitiera la Resolución N.º 0745-2025-JNE, que declaró la nulidad de la totalidad del proceso de primarias tras comprobar un patrón sistemático de sustitución irregular de delegados. Según el fallo, la entonces presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE), Cinthia Pajuelo, reemplazó sin justificación a 28 delegados debidamente electos y proclamados por afiliados que no habían ganado sus respectivas contiendas internas. El fraude afectó mesas en regiones como Lima, Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica y Loreto.
El caso se agravó por un elemento clave: la ONPE entregó el acceso exclusivo al Registro de Elecciones Primarias (REP) solo a la presidenta del CNE, permitiendo la modificación del padrón sin control colegiado. El JNE advirtió que esta práctica constituye una posible acción delictiva, al facilitar el cambio arbitrario de delegados. Aunque dos magistrados votaron en minoría al considerar improcedente la nulidad, el acuerdo del pleno es definitivo y deja a Acción Popular sin un proceso interno válido para inscribir candidatos en 2026.
La resolución detalla que el proceso se inició a partir de múltiples impugnaciones presentadas por afiliados como Ricardo Burga Chuquipiondo, Janet Geraldo Peña y el propio Chávez Chiong. El Jurado determinó que todas las mesas de sufragio estuvieron viciadas desde su origen, pues se sustentaron en un padrón adulterado. En ese sentido, sostuvo que la democracia interna —principio esencial del sistema político peruano— fue vulnerada a tal punto que comprometió la legitimidad del proceso en su conjunto.
El JNE también cuestionó duramente el rol de la ONPE. Señaló que el organismo electoral fue advertido antes de las primarias sobre inconsistencias en la lista de delegados, pero no adoptó acciones correctivas. Más aún, emitió un informe reafirmando que no intervendría en la revisión de listas alteradas, pese a que fiscalizadores del JNE alertaron que se estaban reconociendo delegados no elegidos el 30 de noviembre. Para el Jurado, esta omisión implicó incumplir el deber constitucional de asegurar que el voto refleje auténticamente la voluntad ciudadana. Con Acción Popular sin internas válidas y con su dirigencia apelando al TC, la tensión política y jurídica sigue en aumento a pocos meses de las elecciones generales.
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