El abogado Elio Riera advirtió que existe una alta probabilidad de condena contra la diputada de Juntos por el Perú, Graciela Chipana Condori, quien afronta un juicio oral por presunta discriminación agravada contra un niño de tres años con trastorno del espectro autista (TEA).

La parlamentaria es acusada de impedir el ingreso del menor a su salón cuando trabajaba como profesora de educación inicial en Moquegua. El letrado asumió la defensa de la familia y aseguró que cuenta con elementos probatorios para sustentar la acusación.

CASO. Los hechos ocurrieron entre el 15 y 16 de abril de 2025 en la institución educativa San Antonio de Padua, en Moquegua.

Según la acusación fiscal, Chipana habría rechazado recibir al estudiante y exigido que sus padres contrataran una “maestra sombra” para brindarle atención individualizada.

El padre denunció que la entonces docente cerró la puerta del aula para impedir el ingreso del pequeño, pese a que la directora había autorizado su asistencia. La familia presentó una grabación de audio ante la Fiscalía como parte de las pruebas.

Durante una entrevista, Riera sostuvo que el proceso judicial superó las etapas de investigación preliminar, preparatoria e intermedia hasta llegar al juicio oral.

“Considero que hay una certeza probable de condena”, manifestó el abogado, aunque precisó que la decisión final corresponde exclusivamente a los jueces.

Asimismo, reveló que existen testigos dispuestos a colaborar con la investigación, pero algunos temerían declarar por presuntas represalias.

Tras la difusión del caso, se conoció que la diputada intentó archivar la acusación mediante una excepción de improcedencia de acción, recurso que fue rechazado por el Poder Judicial.

La Fiscalía solicita dos años y cuatro meses de prisión, el mismo periodo de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de S/2000 a favor del menor. El proceso continúa en etapa de actuación probatoria.

Por su parte, la defensa de Graciela Chipana, integrada por los abogados José Domingo Pérez y Aldo Álvarez Hurtado, rechaza las acusaciones.

Pérez argumentó que las expresiones de la entonces profesora respondían a una preocupación por las necesidades educativas del estudiante y no constituían discriminación.

Entretanto, Riera advirtió que una eventual sentencia podría incluir una pena suspendida e inhabilitación para ejercer funciones públicas.