ESCRITO POR: Dante Alva Alva
En medio de un tenso altercado verbal en la Comisión de Constitución del Senado entre ministros y legisladores ha sido calificado por diversos analistas políticos y la opinión pública como un bochornoso espectáculo de protagonismos estériles que deteriora la gobernabilidad y en nada beneficia a la ciudadanía.
El incidente ocurrió durante el sábado 10 de octubre durante, el polémico y agitado debate sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño. Estos hechos se produjerfon en los ambientes de la Sala Grau en que sesionaba la citada comsiòn parlamentaria quer preside, Carlos Mesía
Ramírez de Fuerza Popular y contò la partcipacion de los senadores de la opsiciòn y el oficalismo.
El enfrentamiento se desató cuando la senadora izquierdista Ruth Luque criticó la supuesta falta de profundidad de las reformas policiales planteadas por el sector Interior. Esto provocó una airada reacción e interrupción del ministro del Interior, César Astudillo.
Los ministros de Justicia, Ernesto Álvarez, y del Interior acusaron a la oposición de lanzar adjetivos descalificativos (como llamarlos "mentiroso" o "miedoso"). El debate se descontroló rápidamente con gritos, insultos cruzados y acusaciones de posturas "matonescas", al punto de que los senadores de Juntos por el Perú, Iber Maraví y José Castillo, así como el legislador Luis Giampietri, se vieron enfrascados en fuertes intercambios verbales que casi terminan en agresión física tras suspenderse provisionalmente la sesión.
Ante la gravedad de la situación, otros parlamentarios intercedieron. A propuesta de la senadora Patricia Iturregui (Buen Gobierno), los ministros y senadores se dieron la mano de manera simbólica para dar por superado el impase y retomar el trabajo legislativo.
EL CONTEXTO DE FONDO Y EL RECHAZO TÉCNICO. Este escándalo se produce en un escenario de altísima crispación política. Aunque la Cámara de Diputados ya aprobó el dictamen de facultades por 90 días en un texto acotado de consenso, el paquete normativo pasó a revisión de la Cámara de Senadores.
Expertos y analistas lamentan que, en lugar de priorizar debates técnicos rigurosos para dotar al Estado de herramientas contra la criminalidad organizada y los desastres climáticos, primen los intereses particulares, las agendas radicales y los descuidos políticos en ambas instituciones.