Hoy jueves 2 de noviembre se inicia el nuevo juicio oral contra los acusados por el asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, perteneciente al pueblo indígena asháninka, en la región Ucayali.
Este nuevo proceso se da tras la anulación de las sentencias de 28 años impuestas a los acusados, por lo que el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali programó la nueva audiencia para las 18:03 horas.
Al respecto, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) indicó que el caso Saweto tiene amplias implicancias para los derechos de los pueblos indígenas y la protección ambiental en la Amazonía peruana. El 29 de agosto pasado el tribunal anuló las sentencias contra Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta, Eurico Mapes Gómez, y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix acusados por el asesinato de cuatro líderes indígenas en 2014.
Según se determinó en el proceso anulado, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, fueron asesinados por sus esfuerzos para combatir la tala ilegal en su territorio. Este caso, que inicialmente captó la atención debido a la gravedad de la sentencia y sus implicancias para los derechos de los pueblos indígenas, la defensa de sus territorios comunitarios y ancestrales, así como la protección del medio ambiente en la Amazonía peruana, se ha convertido en un indicador internacional de la determinación del sistema judicial peruano para abordar cuestiones críticas.
El presidente de Aidesep, Jorge Pérez Rubio, indicó que la decisión de reiniciar el juicio y permitir que los acusados permanezcan en libertad durante el proceso generó preocupación sobre la integridad del sistema judicial peruano.
El dirigente comentó que 'hay una evidente falta de compromiso de la justicia peruana para detener y castigar a los culpables. La determinación del Estado para defender a las comunidades indígenas y mantener los derechos humanos está seriamente en duda”.
Sostuvo que el caso Saweto es foco de atención de gobiernos extranjeros y de la Asociación de Abogados de América, y por ello ven este hecho como una prueba de la voluntad del sistema judicial peruano de impartir justicia equitativa a todos sus ciudadanos.
Por último, el representante de Aidesep cuestionó que la decisión del juzgado y de la Fiscalía de realizar todas las audiencias de manera remota porque eso genera suspicacias. Se espera que las audiencias duren hasta mediados de enero del 2024.
Fuente: Andina
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