La región Puno cerró el 2025 con 20 conflictos sociales, de los cuales 17 permanecen activos y 3 latentes, consolidándose como la segunda región con mayor conflictividad del país, según el Reporte de Conflictos Sociales N.° 266 de la Defensoría del Pueblo.
La jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Tania Cáceres Ortega, explicó que gran parte de estos conflictos está relacionada con la expansión de la minería ilegal, además de disputas por demarcación territorial y problemas socioambientales, principalmente en las provincias de la zona norte de la región.
El escenario resulta especialmente complejo en sectores como Carabaya, La Rinconada y Lunar de Oro, donde la actividad minera ilegal coincide con otros delitos, entre ellos la trata de personas, la extorsión y la tenencia ilegal de armas de fuego. La Defensoría también recordó los recientes enfrentamientos registrados entre los distritos de Coasa y Limbani, que dejaron varios heridos y evidenciaron la tensión existente en la zona.
Ante esta situación, el organismo defensorial exhortó al Gobierno nacional a reforzar la presencia del Estado y de la Policía en las zonas afectadas. Asimismo, advirtió que las limitaciones de recursos operativos dificultan la lucha contra las organizaciones dedicadas a la minería ilegal y la protección de las fuentes de agua y de la seguridad de las comunidades.
