Varios ciudadanos peruanos permanecen atrapados en distintas carreteras de Bolivia a raíz de los bloqueos protagonizados por manifestantes que rechazan la eliminación del subsidio a los combustibles. Uno de los casos más críticos es el de Jean Carlo Venero Campana, quien denunció que se encuentra varado junto a su esposa y su suegra, una persona de la tercera edad, en el poblado de Viacha, provincia de Ingavi, en el departamento de La Paz.
En diálogo con RPP, Venero Campana informó que se encuentran inmovilizados desde el pasado 8 de diciembre debido a los piquetes instalados en las principales vías. “No hay forma de movilizarse ni hacia Copacabana ni hacia Desaguadero. Estamos bastante preocupados”, señaló, al explicar que las rutas principales y trochas alternas están bloqueadas con piedras y vigiladas por manifestantes.
El ciudadano peruano detalló que viajaban desde Cusco con destino a Uyuni, pero debieron detenerse en La Paz cuando estallaron las protestas. Al intentar retornar al Perú, se encontraron con carreteras completamente cerradas, lo que los obligó a permanecer en Viacha, donde el acceso a hospedaje es limitado y las bajas temperaturas agravan la situación.
Según advirtió, no se trata de un caso aislado. Otros peruanos se encuentran en condiciones similares en zonas como Oruro, Tambillo y Laja, algunos de los cuales intentan desplazarse por rutas informales, exponiéndose a riesgos adicionales. Aunque han logrado conseguir alimentos básicos, la incertidumbre y la falta de un corredor seguro mantienen la tensión entre los afectados.
El trasfondo de la crisis es la convulsión social que vive Bolivia tras la promulgación del Decreto Supremo 5503, que eliminó el subsidio a los combustibles y elevó el precio de la gasolina en 86 % y del diésel en 162 %. Las protestas, intensificadas desde enero de 2026 bajo la consigna “Bolivia No Se Vende”, han paralizado rutas estratégicas del país. Ante esta situación, los peruanos varados han pedido la intervención urgente del Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar con las autoridades bolivianas su retorno seguro, mientras el conflicto social continúa sin una solución inmediata.
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