El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) planteó un conjunto de medidas que el próximo gobierno deberá adoptar durante sus primeros cien días para enfrentar el avance de la minería ilegal, actividad que, según la organización, mueve alrededor de 11 500 millones de dólares anuales y constituye una de las principales economías ilícitas del país.
Entre las principales propuestas figura el cierre definitivo del registro integral de formalización minera (Reinfo), al considerar que este mecanismo dejó de cumplir su propósito original y actualmente es utilizado por miles de operadores para continuar extrayendo minerales sin cumplir las exigencias ambientales y legales. El OMI propone reemplazarlo por un régimen transitorio que conduzca a su eliminación.
Asimismo, la organización recomienda eliminar la exención de responsabilidad penal para los inscritos en el Reinfo que continúen realizando actividades ilegales, especialmente en zonas prohibidas o incumpliendo la normativa ambiental. También plantea fortalecer la persecución penal y dotar de mayores recursos a la Fiscalía para ejecutar operativos de interdicción contra organizaciones vinculadas a la minería ilegal.
El observatorio considera necesario reforzar los mecanismos de control y transparencia dentro del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en particular en la Dirección General de Formalización Minera, además de consolidar la aplicación de la Política Antisoborno aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 232-2026.
