Muchas veces, una víctima de bullying, se arma de valor, tras soportar agresiones, burlas, exclusiones, amenazas, etc., y decide hablar para pedir ayuda creyendo que lo más difícil había pasado. Al día siguiente vuelve a su aula y allí
está quien lo acosaba y protegido por la comunidad educativa. Este es uno de los momentos más devastadores para un menor, quien no entiende de responsabilidades penales, medidas socioeducativas, protocolos educativos, sino de algo mucho más sencillo: “hablé y él sigue aquí, no me escuchan”.

El agresor, también menor de edad, tiene derecho a seguir estudiando, a no recibir castigos degradantes, a un debido proceso que proteja su identidad, a ser tratado mediante mecanismos de protección. Es aquí cuando nace una de las paradojas más grandes: cuando el Estado debe proteger al abusivo y a su víctima.

“A partir de los 14 años, los menores de edad ya pueden cometer infracciones, entonces ya el juez de familia, verificando la agresión cometida, puede intervenir con medidas socioeducativas o internamiento.

En caso sea mucho menor, se le dictan medidas de protección. Hay una justicia restaurativa lo que queremos es que el menor no cometa de nuevo este hecho”, remarca la jueza del 5.° Juzgado Penal Unipersonal del Módulo Penal de Sanción de Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, Cristel Herrera.

La víctima tiene derecho a la protección, atención, permanencia segura en la institución educativa y recuperación emocional; mientras que el agresor conserva su derecho a la defensa, presunción de inocencia, la educación y un tratamiento acorde a su edad.

En resumen, proteger a la víctima sin vulnerar los derechos del bullying. “Ya no existe el tema de la expulsión o de la suspensión por unos días, ya que esto se toma como que le estás privando al alumno del derecho a la educación.

Los protocolos y normas prevén una serie de acciones, la idea es reeducar tanto a la víctima como al agresor. Pero esto no necesariamente va a solucionar el problema, nadie se cura con tres o cuatro sesiones de terapia”, enfatiza la fiscal de prevención del delito, Cecilia Ampuero.

DENUNCIAS. El integrante de la Policía Comunitaria, suboficial PNP Rony Apaza, explicó que algunas denuncias de bullying terminan abandonadas durante el proceso debido a diversos factores; entre ellas que la víctima, al verse sola y sin respaldo de profesores o testigos, no va a juicios, no declara y genera falta de pruebas. Asimismo, desde el lado de los propios padres quienes se olvidan de sus hijos y más ante las redes sociales que ganan espacio.

“Los papás no denuncian para ver al que le metió la mano tras las rejas, solamente lo hacen para que dejen tranquilos a sus hijos y, cuando los dejan, ya no les interesa la denuncia, lo dejan o abandonan. Lamentablemente, los padres solo se preocupan qué su hijo no sea víctima, pero no hay papá que se preocupe si su hijo es agresor”, reflexionó.

Por otro lado, el efectivo cuestionó cómo, desde algunas instituciones educativas, deciden intervenir ante esta grave problemática, tapando las denuncias y ante la falta de acción, estas se destapan tras hacerse públicas. Esto último, en relación al grave caso donde un menor de 16 años terminó con el rostro desfigurado tras ser agredido por sus excompañeros del colegio San Jerónimo.

“Los colegios tratan de ser mediadores, algo que no debería ser debido a que no es negociable. Pero por una reputación, pensión o vacante lo dejan ahí. Tratan de solucionarlo ellos mismos hablando con los padres. No quieren denunciar y lo tapan hasta que explota”, remarcó.

SOLUCIONES. Ante ello, para el Poder Judicial y el Ministerio Público la solución va mucho más allá de endurecer el marco legal o “sanciones”. La prevención debe empezar por la salud mental de los niños y adolescentes.

“El Estado tiene que intervenir más a fondo, podríamos modificar las normas, magnificar las penas, pero eso no significa que los menores no lo van a hacer. hay que trabajar en la salud mental”, remarcó la jueza Cristel Herrera.

La fiscal Cecilia Ampuero coincidió en que faltan psicólogos y psiquiatras para atender esta problemática.

“Hasta ahora no se cumple la ley antibullying donde cada colegio debería tener un psicólogo, pasaron más de 10 años, y nada”, cuestionó.

Sin embargo, cómo actuar cuando la víctima no entiende que para un juez, justicia puede significar un debido proceso; para un fiscal, reunir pruebas; para un director, activar el protocolo; cuando lo único para él o ella, quien tiene miedo de ingresar a su salón, es que “mañana no vuelva a pasar”.