La investigación por la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del liceo naval Almirante Guise avanzó con la identificación de los tres adultos que viajaban en el bus donde habrían ocurrido los hechos.

Se trata del conductor Juan Carlos Apaza Flores, el entrenador Rafael Ludeña Valdivia y el profesor Víctor Pablo Muñoz Guerra, quienes son investigados para determinar si incumplieron su deber de proteger a los adolescentes durante el traslado.

CASO. Los hechos se remontan al 15 de septiembre, cuando un grupo de estudiantes regresaba en un bus luego de participar en un campeonato escolar de futsal.

Durante el recorrido, un alumno habría sufrido una agresión sexual atribuida a otros escolares.

De acuerdo con información fiscal difundida por medios nacionales, los tres adultos tenían la responsabilidad de velar por la integridad de los menores y ahora las autoridades buscan establecer cuál fue su actuación mientras se producían los hechos denunciados.

La investigación también deberá esclarecer las circunstancias en las que el entrenador Rafael Ludeña acompañó a la delegación, pues habría reemplazado a la persona que habitualmente acudía con los estudiantes.

Según los testimonios recogidos en las diligencias y difundidos por la prensa, tanto la víctima como los adolescentes investigados señalaron que no lo conocían previamente.

Los tres adultos son investigados por la presunta comisión del delito de exposición al peligro o abandono de personas en peligro, sin que hasta el momento exista una determinación judicial de responsabilidad.

PENAS. El abogado de la familia de la víctima, Jorge Petrozzi, sostiene una tesis más severa y afirmó que los responsables de custodiar a los alumnos podrían afrontar hasta 30 o 31 años de prisión si se acredita una responsabilidad penal bajo la figura de comisión por omisión.

“Tenían el deber jurídico, por su posición, de impedir que tal acto se realizara”, declaró el letrado, quien también calificó lo ocurrido como una “omisión criminal”.

La eventual tipificación del delito y cualquier pena, sin embargo, deberán ser determinadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro abrió una investigación preliminar por la presunta agresión sexual y seis adolescentes fueron internados preventivamente por cuatro meses en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima mientras continúan las diligencias.

Tras conocerse el caso, el liceo naval separó de sus funciones y denunció formalmente al profesor y al entrenador, mientras las autoridades mantienen las pesquisas para establecer las responsabilidades de todos los involucrados.