La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Augusto Nava por el presunto delito de discriminación en agravio de dos ciudadanos en el distrito de Miraflores, Lima.

Busca esclarecer las denuncias por insultos homofóbicos, hostigamiento y amenazas de muerte ocurridas en un establecimiento de comida rápida.

Las autoridades recopilarán videos, testimonios y otras pruebas para determinar las posibles responsabilidades penales.

CASO. Los hechos se registraron el pasado 12 de octubre de 2026 en un local de McDonald’s, donde Reinaldo Rivas y Cristhian Palomino habrían sufrido agresiones verbales por parte del investigado. El incidente quedó grabado y las imágenes circularon en redes sociales.

En uno de los videos se escucha la amenaza: “Los mato, lo peor es que no bromeo”. La difusión del material provocó rechazo ciudadano y motivó la intervención de las autoridades.

La investigación está a cargo del fiscal provincial Luis Valdivia Calderón, del Primer Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

Entre las diligencias figuran la recopilación de grabaciones de seguridad, declaraciones de los agraviados y testigos, pericias psicológicas y constataciones digitales.

DISCULPAS. Por su parte, la familia del sujeto difundió un comunicado en el que pidió disculpas por “el temor y el daño causado” e informó que el investigado presenta un diagnóstico de trastorno bipolar tipo I y recibe atención psiquiátrica.

Sin embargo, el abogado penalista José Arturo Matos precisó que esta condición no determina automáticamente una exención de responsabilidad.

“Tener bipolaridad no te hace inimputable”, señaló al explicar que corresponde evaluar las capacidades del investigado al momento de los hechos.

Finalmente, el Ministerio Público recordó que los insultos, actos de hostigamiento y amenazas motivados por la orientación sexual o identidad de género pueden constituir el delito de discriminación.

La institución reafirmó su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y la igualdad ante la ley.

Mientras continúan las diligencias, la Fiscalía deberá evaluar los elementos probatorios reunidos para determinar si corresponde avanzar con el proceso penal.